EL INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO AMERICANO CONFIRMA NUESTRAS DENUNCIAS SOBRE LAS SERIAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN GUINEA ECUATORIAL.

Según el informe de derechos humanos publicado el martes, "hay informes confiables de ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno, tortura o trato, o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno o en nombre del gobierno".

Así como "condiciones carcelarias severas y potencialmente mortales" y "encarcelamiento o detención arbitraria; políticos arrestados o detenidos" en Guinea Ecuatorial, uno de los nueve Estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

El documento también reporta "serios problemas con la independencia del poder judicial; la injerencia arbitraria o ilegal en la intimidad, las graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra periodistas, las detenciones o el enjuiciamiento injustificado de periodistas, la censura y la existencia de leyes penales sobre difamación".

En el país también hay "graves restricciones a la libertad de Internet, interferencia sustancial en la libertad de reunión pacífica y libertad de asociación, incluidas leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, financiación u funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, restricciones a la libertad de circulación y residencia en el territorio de un Estado y el derecho a abandonar el país". Uso.

También según el documento, Guinea Ecuatorial sigue teniendo una "incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente, a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e incontenibles a la participación política; corrupción en el gobierno".

El documento admite que el gobierno, liderado por el presidente Teodoro Obiang, jefe de Estado durante más de 40 años, "ha tomado algunas medidas para procesar o castigar a los funcionarios que han cometido abusos o participado en actos de corrupción, incluidos algunos casos motivados por críticas de la prensa y el público, ya sea en las fuerzas de seguridad u otras partes del gobierno, pero la impunidad seguía siendo un problema grave".

Además, también hay una falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género en el país, que incluye, entre otros, la violencia doméstica o de pareja, la trata de personas y los delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o personas intersexuales".

En el marco, el documento recuerda que "Guinea Ecuatorial es nominalmente una república constitucional multipartidista". Pero "desde un golpe militar en 1979, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha dominado todas las ramas del gobierno en colaboración con su clan y partido político, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, que fundó en 1991".

En 2016, el presidente Obiang dijo que fue elegido con el 93,7% de los votos en una "elección presidencial que muchos consideraron ni libres ni justas", continúa.

Ya en 2017, el país "celebró elecciones legislativas y municipales que carecían de monitoreo independiente, nacional o internacional, y verificación del registro de censos electorales y despacho de boletas", agrega.

El partido gobernante y sus 14 partidos de coalición obtuvieron el 92% de los votos, ganando los 75 escaños en el Senado, 99 de los 100 escaños en la cámara baja y todos menos uno en los consejos municipales, también dijo.

"El vicepresidente (Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo mayor del presidente Obiang) tiene el control general de las fuerzas de seguridad. La policía es generalmente responsable de mantener la ley y el orden en las ciudades, mientras que los guardias son responsables de la seguridad fuera de las ciudades y los eventos especiales", dijo.

La policía está custodiada por el Ministro de Seguridad Nacional, mientras que los guardias dependen del Ministerio de Defensa Nacional.

El ejército es responsable ante el Ministro de Defensa Nacional, pero "también realiza funciones policiales en áreas fronterizas, lugares sensibles y áreas de tráfico pesado", dice el documento.

"Ambos ministros reportan directamente al vicepresidente. Otros elementos policiales se encuentran en los Ministerios del Interior [policía de fronteras y tráfico], Finanzas [aduanas] y justicia [policía de investigación y enjuiciamiento]. Los funcionarios de seguridad presidenciales también llevan a cabo funciones policiales en o cerca de las instalaciones presidenciales", dijo el informe.

Concluye: "Las autoridades civiles no han mantenido un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Ha habido informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido varios abusos".

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